En junio de 2013, cuatro antiguos miembros del grupo independentista keniata Mau Mau obtuvieron una inesperada victoria cincuenta y tres años después de que su movimiento fuera vencido militarmente (aunque, a la postre, la independencia llegó en 1963). Ese verano, el Tribunal Superior de Londres dictó una sentencia judicial por la que les legitimaba para reclamar al gobierno británico indemnizaciones por los daños sufridos en aquel episodio, así como exigir el reconocimiento de unos hechos al que el ejecutivo se había negado hasta entonces.
La demanda, que el gabinete del premier David Cameron terminó renunciando a apelar en favor de una negociación millonaria (veintitrés millones de dólares) para compensar a unas cinco mil personas, fue interpuesta por aquellos veteranos en 2011, pero la chispa que desató el proceso empezó dos años antes y casi por casualidad.
El bufete de abogados Leigh Day, en representación de los ex Mau Mau, llevaba al menos desde 2005 solicitando al Foreign Office la apertura pública de los archivos que éste guardaba sobre el asunto, pero el ministerio aseguraba que todos los fondos existentes se habían transferido a los National Archives y, en consecuencia, ya eran de dominio público.
La persistencia de los letrados, junto con la ayuda de algunos archiveros y el historiador David Anderson, reveló que en realidad todavía había material oculto y no poco: unas trescientas cajas, conservadas desde 1994 en el Majesty’s Government Communications Centre de Hanslope Park (un organismo proveedor de software y equipamiento electrónico al gobierno). La controversia que se originó obligó a abrir una investigación oficial sobre el porqué de mantener aquello en secreto. La respuesta se convirtió en un escándalo aún mayor.
Según Anthony Cary, comisionado encargado del asunto, todo obedecía a una instrucción de la Oficina Colonial que, en 1961 y en pleno proceso de descolonización, ordenaba recopilar y/o destruir los documentos que pudieran resultar comprometedores sobre un posible comportamiento poco ético de las autoridades coloniales británicas hacia las poblaciones locales, avergonzando al gobierno o a las fuerzas del orden. El volumen total de documentos que entraron en esa categoría fue unos ocho mil ochocientos y se los bautizó con el nombre de migrated archives (archivos migrados), frente a los legacy files que sí se entregaron a las nuevas administraciones independientes.
El Foreign Office se excusó aduciendo que era un simple gestor y prometió liberarlos en un proceso de transparencia. Pero la bola siguió rodando y creciendo al descubrirse que, aparte del de los Mau Mau, había un segundo paquete documental que trataba casos como la rebelión antibritánica de la EOKA en Chipre o actividades contra la insurgencia en lo que después fueron Uganda, Nigeria y Sierra Leona. Contenían información aún más sensible (presuntamente delitos) y por eso estaban clasificados como alto secreto.
Buena parte de estos últimos estaba constituido por unas ciento setenta cajas que llevaban la inscripción Top secret independence records 1953 to 1963 y fueron destruidas en 1992; se cree que contenían lo relativo a los últimos nueve meses anteriores a la independencia keniata, al bombardeo del hotel Rey David de Jerusalén en 1946 y los telegramas diplomáticos enviados entre Londres e Isla Mauricio en 1968 (año en que se independizó); estos últimos hubieran resultado especialmente interesantes por la incidencia que quizá tuvieron en la expulsión posterior de los indígenas de la isla de Diego García (en el archipiélago índico de Chagos) para que EEUU pudiera instalar una base militar.
Asimismo, un tercer grupo de archivos conocido como watch files fueron directamente expurgados in situ por los funcionarios coloniales siguiendo la indicación que Iain MacLeod, Secretario de Estado para las Colonias, envió por telegrama en 1961 a todas las embajadas para evitar «perturbar al gobierno de Su Majestad» y que se repitera un bochornoso incidente: la estentórea quema de documentos -la enorme columna de humo no pasó desapercibida a ojos de nadie- realizada en la India para hacer desaparecer la información existente sobre las actividades del ejército sobre la población en la segunda mitad de la década de los cuarenta, cuando eclosionó el movimiento independentista.
El mensaje de MacLeod dejaba claro que la destrucción, que fue bautizada como Operation Legacy, debía ser realizada únicamente por funcionarios blancos, no nativos, y se llevó a cabo en muchos rincones del imperio porque tenían motivos para el sonrojo: por ejemplo, el incidente de Batang Kali en Malasia (veinticuatro recolectores de caucho muertos a sangre fría por la Scots Guard en 1948, durante la lucha contra las guerrillas comunistas), las decenas de prisioneros muertos a palos en el campo de concentración de Hola (Kenia) por negarse a trabajar, el centro de interrogatorios establecido en Adén (actual Yemen) por el servicio de inteligencia o los abusos contra los indígenas africanos, entre otras lindezas.
Los papeles eran supervisados, uno por uno, por agentes del MI5 (Servicio de Seguridad, órgano del servicio secreto para el interior del país frente al MI6, que se ocupa del exterior) y la Special Branch (una unidad de inteligencia centrada en la seguridad nacional, dentro del ámbito de la Commonwealth). Todos aquellos que reflejaran algo inconveniente -y no tenía que ser necesariamente de carácter penal sino que bastaban cosas más leves, como prejuicios raciales o religiosos en el funcionamiento de la administración colonial-, eran eliminados o sustituidos por otros falsos fabricados ad hoc.
En algunos casos, decíamos, las piras provocaron tales columnas de humo que hasta circularon comentarios jocosos al respecto; en otros, se optó por arrojar los archivos al mar, «a la máxima distancia posible de la costa». Y los que quedaron, fueron trasladados a Gran Bretaña. Pocos días antes de que Kenia proclamara su independencia, despegó de Nairobi un avión de British Airways en cuya bodega viajaban tres cajas de madera conteniendo mil quinientos documentos. Algo parecido pasó en otras treinta y seis colonias del Imperio Británico. Como vimos, ese material acabó aflorando en 2011.
Los papeles más importantes fueron los de Kenia porque revelaron la aplicación sistemática, en los años cincuenta, de las llamadas cinco técnicas para sonsacar información a los detenidos, recuperadas dos décadas después en Irlanda del Norte: obligarles a mantener posiciones incómodas, cubrirles la cabeza con una capucha, someterlos a ruido continuo, impedirles dormir y privarles de alimentos/bebidas. Todo ello siguiendo el plan Cowan (apellido del comisionado de prisiones), que autorizaba el trabajo forzado y el uso ilegal de la violencia contra los reos.
Entre la oscuridad brillaba eventualmente alguna luz, caso del comisionado de policía de Kenia, Arthur Young, que sólo estuvo ocho meses de 1954 en el puesto porque prefirió dimitir ante la inutilidad de sus protestas. Una excepción, ya que entre el funcionariado colonial se extendió el temor al despido en caso de denunciar los excesos; como decía el fiscal general de la colonia, Eric Griffith-Jones: «Si vamos a pecar debemos pecar en silencio». Por eso en casos especialmente duros, como el de Chuka (la muerte a sangre fría de una veintena de personas a manos de los King’s African Rifles), la investigación se diluyó sin resultado.
Pero los migrated archives no sólo hablaban del Mau Mau. También reseñaban el plan para usar gas venenoso contra los indígenas de Bechuanalandia (actual Botsuana), que finalmente no se realizó debido a que se echó encima la temporada de lluvias, aunque ya estaba elegida la zona para las pruebas (el salar de Makgadikgadi). Descubrían asimismo que los británicos nunca habían tenido intención de alcanzar un acuerdo en las conversaciones de paz con los rebeldes chipriotas, planeando desterrar a las Seychelles al principal negociador, el arzobispo Makarios (que luego sería el primer presidente de la república), y que en los años sesenta se desplegó al ejército en Omán para defender a un régimen que aún mantenía vigente el esclavismo.
En 2013, después de que el ejecutivo de Cameron superase las reticencias iniciales a asumir una responsabilidad sobre el pasado y aceptase indemnizar a los afectados, se empezaron a desclasificar los documentos de la Operation Legacy y unos veinte mil legajos pasaron a las baldas de los National Archives, que tienen su sede en Kew (Londres) y pueden ser consultados por cualquier ciudadano.
Fuentes
Report on Migrated Archives (Anthony Cary en Foreign and Commonwealth Office)/Rotting among the tsetse (Niels Boender en History Today)/Erasing Empire (Rosa Gilbert en Login)/The history thieves. Secrets, lies and the shaping of a modern nation (Iain Cobain)/Operation Legacy: How Britain Destroyed Thousands Of Colonial Files (Erik Mustermann en War History Online)/Wikipedia
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