Al leer el título de este artículo seguramente todos habrán pensado en la caldera del famoso supervolcán dormido que hay en en el Parque Nacional de Yellowstone y cuyas colosales dimensiones (55 x 72 kilómetros) suponen un enorme riesgo de erupción cataclísmica. Sin embargo, la Zona de la Muerte es el nombre que se da a otro rincón del parque por razones de naturaleza muy diferente: se trata de una alargada franja que, debido a una laguna jurídica, está presuntamente exenta de cualquier jurisdicción legal, de manera que allí se podría cometer incluso un asesinato y salir impune… en teoría.

La superficie total del parque -que fue el primero del mundo de su tipo- abarca unos 8983,2 km² y se extiende por tres estados de EEUU: Wyoming, donde está el 96%, Montana, con un 3%, e Idaho, con apenas un 1%.

No obstante, es este último el que nos importa aquí porque casi toda su frontera oriental con Wyoming forma parte del parque y en ella, en la esquina sudoeste y con orientación norte-sur, se encuentra esa estrecha franja de 192,5 kilómetros cuadrados que limita con el Caribou-Targhee National Forest y constituye la Zona de la Muerte.

Mapa del Parque Nacional de Yellowstone. Abajo a la izquierda se puede ver la franja de Idaho que constituye la Zona de la Muerte/Imagen: Ryan Hollyday en Wikimedia Commons

¿Qué es lo que le otorga ese extraño estatus jurídico (o, para ser exactos, la ausencia de él)? Se trata de una de las muchas cuestiones problemáticas que ha causado la Sexta Enmienda a la Constitución, la que reglamenta los derechos relacionados con causas criminales en tribunales federales, considerados fundamentales por la Corte Suprema y, consecuentemente, protegidos por la Decimocuarta Enmienda mediante una cláusula denominada Due Process.

El término deriva del Due Process of Law del derecho anglosajón, introducido por Juan sin Tierra en la Carta Magna de 1215, y se traduce como Proceso Debido. Es un principio jurídico procesal por el cual el Estado debe respetar todos los derechos legales que posee una persona según la ley, protegiendo sus garantías procesales ante los jueces. En otras palabras, supone la subordinación del gobierno a las leyes del país para asegurar la salvaguarda de los derechos individuales frente al estado.

Géiser Daisy en el Parque Nacional de Yellowstone / foto Brocken Inaglory en Wikimedia Commons

Esto implica que todo ciudadano tiene derecho a un juez imparcial, a la asistencia de un abogado, a usar su propia lengua ayudado por un intérprete y a la apelación en segunda instancia. En suma, todo eso que hemos visto tantas veces en el cine. Pero hay otra cosa más que protege legalmente al ciudadano: el derecho a un juez natural, que prohíbe la formación de un órgano jurisdiccional específico; o sea, proscribe la figura del tribunal de excepción basándose en que todo tribunal debe estar constituido antes del proceso. Y ahí es donde se complica la cosa.

Resulta que el único tribunal de distrito de EEUU con jurisdicción sobre territorios de varios estados es el United States District Court for the District of Wyoming. Como el Parque Nacional de Yellowstone se reparte entre tres estados, aunque con la citada mayoría de Wyoming, es dicho tribunal el que se ocupa de la ley incluso en las zonas de Montana e Idaho. Ley federal, hay que aclarar, pues la jurisdicción en el parque corresponde exclusivamente al gobierno de la nación, de ahí que los delitos que se cometan en él no puedan juzgarse desde la óptica de las leyes de los estados.

El tribunal tiene su sede en Cheyenne, la capital de Wyoming, lo que provoca otro problema: según la Sexta Enmienda, los jurados para casos penales deben estar formados por ciudadanos del distrito pero también del estado donde se cometió el delito. Eso implica que para juzgar los delitos cometidos en la Zona de la Muerte debería haber un jurado compuesto íntegramente por ciudadanos de Idaho y además celebrarse allí el proceso… sólo que esa región del estado está prácticamente deshabitada y, por consiguiente, no podría formarse un jurado; ni siquiera celebrarse un juicio.

La Declaración de Derechos de EEUU, en la que figura la Sexta Enmienda/Imagen: dominio público en Wikimedia Commons

El asunto es lo suficientemente raro -excepcional, de hecho- como para que nadie se percatara de él hasta 2005. Fue entonces cuando Brian C. Kalt, un profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad Estatal de Míchigan, especializado en Derecho Administrativo, publicó un artículo titulado The perfect crime en el Georgetown Law Journal, exponiendo aquella anomalía. La había descubierto cuando investigaba para un ensayo sobre tecnicismos en la Sexta Enmienda.

Kalt resaltó que la Vicinage Clause (Cláusula de Vecindad), la que regula la residencia de los jurados, es inaplicable en la Zona de la Muerte, de modo que un crimen cometido en ella podría salirle impune al autor al no haber suficiente gente en esa parte de Idaho para formar un jurado. En el artículo, explicaba que el gobierno sólo podría plantear dos argumentos para abrir un hipotético juicio: que la zona del parque en Idaho no es parte de un estado y que el distrito judicial podría cambiarse después del crimen. Ninguna de las dos prosperaría, en su opinión.

A cambio, proponía otras estrategias procesales que podrían servir para atenuar ese vacío legal. Por ejemplo, que el gobierno acusase al delincuente de planear su delito en otro sitio, si era el caso; imputar delitos para los cuales la sentencia máxima autorizada sea de seis meses o menos, lo que exime de la exigencia de tener jurado; alentar a los jurados potenciales a instalar su residencia temporal en la Zona de la Muerte si se produjera un crimen y, por tanto, se previera un juicio; hasta tratar de convencer voluntariosamente al abogado del infractor de que un jurado de otra zona podría ser imparcial y válido.

Asimismo, Kalt subrayaba que la Vicinage Clause no exime al delincuente de responsabilidad civil ni de ser susceptible de que alguien aplique la justicia por su cuenta; esto último se explica porque la Constitución de EEUU admite el vigilantismo, es decir, la competencia de los ciudadanos particulares para llevar a cabo arrestos por su cuenta, siempre que respeten lo que marquen las leyes de cada estado (si se viola alguna de éstas, por cierto, el infractor sí podría ser procesado en Idaho, ya que todo lo referido hasta ahora afecta, decíamos, a las leyes federales).

Yucca Mountain, en el efímero condado de Bullfrog/Imagen: dominio público en Wikimedia Commons

No todos los juristas coinciden con Kalt. Los hay que creen que bastaría con que la fiscalía solicitase un cambio de sede por fuerza mayor, en este caso la imposibilidad de formar un jurado in situ. En ese sentido, se vivió algo similar en 1989, cuando la Nevada Legislature (el parlamento de Nevada) disolvió el condado de Bullfrog porque sus 370 kilómetros cuadrados estaban deshabitados; Bullfrog tenía la curiosa característica de ser el único condado del país sin habitantes porque había sido creado dos años antes para imponer unos elevadísimos impuestos con una finalidad específica: impedir que en ese lugar, en el interior de Yucca Mountain, se instalase un basurero nuclear.

Por lo demás, ningún otro tribunal de distrito federal de EEUU abarca territorio de tres estados y sólo hubo un segundo caso histórico (en realidad, primero): el del distrito de Potomac, cuya sede judicial estaba en la virginiana ciudad de Alexandria porque tenía jurisdicción sobre los distritos de Columbia más partes de Maryland y Virginia. Ahora bien, su existencia fue efímera, durando poco más de un año (de febrero de 1801 a marzo 1802).

Claro que el Parque Nacional de Yellowstone se fundó en 1872 y desde entonces únicamente se ha registrado un delito dentro de sus límites, el del cazador Michael Belderrain, que en 2009 mató un alce aunque lo hizo en la parte de Montana. Al final alcanzó un acuerdo con la fiscalía reconociendo su culpabilidad; pero, antes, un juez federal había dictaminado que podía ser juzgado en el tribunal de Wyoming y la defensa de Belderrain esgrimió precisamente el artículo de Kalt para impedirlo, si bien ese recurso fue desestimado. Ello hace deducir que quizá en la práctica no exista la Zona de la Muerte. Quien planee un delito allí tendrá que sopesarlo.

Fuentes

The perfect crime (Brian C. Kalt/Myths and legends of Yellowstone. The true stories behind history’s mysteries (Ednor Therriault)/Tabloid constitutionalism: How a bill doesn’t become a law (Brian C. Kalt)/)/Constitución de EEUU/Yellowstone National Park/Wikipedia

  • Compártelo en:

Descubre más desde La Brújula Verde

Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.

Something went wrong. Please refresh the page and/or try again.

Sigue LBV Magazine en Google News