El reciente descubrimiento del pecio del galeón San José, en principio una sensacional noticia para la arqueología, se ha enturbiado por la discordia surgida en lo relativo a las reclamaciones sobre su propiedad y las pretensiones acerca de su modelo de explotación. Así, salvo que lleguen a un acuerdo negociado este fin de semana, las dos partes interesadas (España y Colombia) quedan abocadas a una futura decisión judicial.
Repasemos. Hace una semana, el presidente colombiano Juan Manuel Santos confirmaba en una rueda de prensa que se había localizado el lugar exacto donde se encuentra el pecio del San José, un galeón español hundido frente a la península de Barú por una flota inglesa en 1708. Era un navío casi nuevo, construido en 1698 en astilleros del País Vasco, que zarpó de Cartagena de Indias rumbo a Portobelo en compañía de otros dieciséis barcos y llevaba un cargamento de lingotes y monedas, tanto de oro como de plata, por valor de once millones de pesos de la época.
Tras hora y media de combate, una andanada desafortunada del inglés provocó la explosión del San José y su hundimiento. Desafortunada porque tal fue para todos: los atacantes se quedaron sin botín y de las seiscientas personas que iban a bordo (doscientos tripulantes y cuatrocientos pasajeros) sólo se salvaron once.
Trescientos siete años después, el máximo mandatario de Colombia se aseguraba de subrayar que el pecio es «patrimonio de todos los colombianos» y su rescate debía tener carácter de «misión nacional». Una patriótica declaración, lógica a priori, especialmente porque sirve para cerrar filas a todo el país y desviar la atención de los problemas por que pasa su gobierno, pero que se ha encontrado con la reclamación del estado español, basada en el convenio de la UNESCO sobre patrimonio subacuático y la legislación internacional , que considera los barcos como territorio soberano del país bajo cuya bandera navegan, aún cuando hayan naufragado, si lo hacían en misión oficial.
La polémica queda así servida, pues las leyes y la jurisprudencia al respecto están claramente a favor de Madrid mientras Colombia aduce que no ha suscrito ese tratado con la UNESCO y, en cambio, lleva décadas intentando desarrollar un corpus legislativo para la protección de patrimonio histórico en su suelo (y en sus aguas también, lógicamente) que se pueda compatibilizar con el derecho internacional; no lo ha conseguido del todo porque pretende que ese corpus autorice a vender bienes de dicho patrimonio y se ha topado con la radical oposición de arqueólogos e historiadores nacionales.
En el caso del San José, el ICANH (Instituto Colombiano de Antropología e Historia) coordinó la campaña de búsqueda desde el buque de guerra ARC Malpelo continuando los trabajos iniciales concedidos a una empresa estadounidense de cazatesoros llamada SSA (Sea Search Armada), que sustituyó a otra anterior (Glocca Morra Company) que había localizado el pecio gracias a los cañones de bronce, de los que se han mostrado varias fotografías. Al menos en teoría, ya que Colombia mantiene un estricto secreto sobre la cuestión, dice que para evitar expolios aunque, teniendo en cuenta la profundidad a la que se hallará el pecio y su vigilancia por la armada, parece más bien que asume un litigio judicial con España y evita dar pistas.
En ese sentido cabe recordar que el contrato que en su día firmó con SSA el entonces presidente Belisario Betancourt era para repartirse lo hallado al cincuenta por ciento pero después cambió las condiciones reduciendo ese porcentaje a un cinco por ciento. SSA fue a juicio en Washington y perdió en 2011, si bien concediéndosele el derecho a la mitad de los tesoros que no tengan consideración de patrimonio colombiano.
Dos años después, Colombia amplió su legislación referente a la protección de patrimonio histórico y se autoconcedió la titularidad absoluta de todo lo que se encuentre en sus aguas. El caso es que, curiosamente, esa consideración de patrimonio afectaría a lo estrictamente histórico, de manera que el cargamento, que tiene menos valor arqueológico pero más económico, sí podría venderse, a no ser que el gobierno colombiano ceda ante la previsible oposición del mundo cultural de su país y opte por incorporarlo todo a un anunciado museo en Cartagena… salvo que los tribunales le den la razón a España.
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