La primera injusticia del canon es la de ignorar el principio de inocencia y gravar de forma indiscriminada soportes cuyo destino no tiene por qué ser la copia privada de obras sujetas a derechos de autor. Pero hay una segunda de igual o mayor importancia: que, a pesar de cobrarnos a todos de forma indiscriminada por algo que ni siquiera haremos, sigue sin incluir el concepto de P2P como copia privada, tal y como establece la Fiscalía General del Estado; manteniendo la línea dura de presionar al Gobierno y los estamentos policiales y judiciales para lograr la criminalización de una actividad que no sólo se realiza sin ánimo de lucro, sino que reporta importantes beneficios en concepto de difusión y promoción a los autores.
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